Novedades segunda quincena de junio

CIVIL:

STS, SALA PRIMERA, SENTENCIA DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017. Negligencia profesional del procurador. Alcance y contenido de sus obligaciones El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de mayo de 2017, de la que ha sido ponente el Excmo Sr. D. José Antonio Seijas Quintana, ha desestimado los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal formulados por la mercantil demandante contra la sentencia de la Audiencia Provincial que desestimó su recurso de apelación y confirmó íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia que desestimaba la demanda interpuesta contra el procurador y la entidad aseguradora. La cuestión jurídica que se analiza en el recurso es el alcance y contenido de los deberes del procurador: si está obligado a poner en conocimiento del letrado director del procedimiento la proximidad del vencimiento del plazo de caducidad de dicha anotación para que no se produzca.

Novedades primera quincena de junio

CIVIL:

SENTENCIA Nº 285/2017 DE TS, SALA 1ª, DE LO CIVIL, 12 DE MAYO DE 2017. PERMUTA FINANCIERA. OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN. La entidad financiera no cumplió con los deberes de información de los riesgos concretos que podrían derivarse del funcionamiento del producto financiero. Estos deberes no se cumplen con la mera literalidad genérica de los contratos suscritos, ni con la mera firma o suscripción de los mismos. La experiencia de ser representante de la sociedad, por sí sola, no justifica la inexcusabilidad del error. Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal. Se estima el recurso de casación.

Fuente: https://supremo.vlex.es

Novedades segunda quincena de mayo

CIVIL:

TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, SENTENCIA 12 MAYO 2017. La empresa municipal arrendadora ejercita acción de desahucio por considerar que ha expirado el plazo de duración del contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficial suscrito entre las partes litigantes.La sentencia dictada en primera instancia, desestimando la demanda, fue revocada por la Audiencia Provincial de Madrid que declaró haber lugar al desahucio interesado. Por el contrario, el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y la desestimación de la acción de desahucio por expiración del plazo. En el contrato se pactó que la duración del contrato sería de dos años y que se prorrogaría por periodos bianuales si el arrendatario continuaba reuniendo los requisitos legalmente establecidos.Sin embargo, en los arriendos de viviendas de protección oficial de promoción pública es la legislación administrativa aplicable la que establece su duración contractual, consistente en un sistema de prórroga bianual forzosa mientras el arrendatario mantenga las condiciones que se exigen legalmente para ser beneficiario del mismo. La falta de estos requisitos no ha sido alegada por la entidad arrendadora, que solo ha planteado la extinción del plazo pactado, por cuanto el arrendatario sigue cumpliendo los presupuestos por los que obtuvo el acceso a la vivienda arrendada.La estipulación del contrato que autorizaba a las partes a darlo por terminado avisando con un mes de antelación, está supeditada a que las "leyes lo permitan", lo que supone que no es en cualquier momento y en cualquier circunstancias cuando el arrendador puede desalojar al arrendatario, sino cuando dejen de cumplirse los requisitos que le autorizan a permanecer en la vivienda o cuando lo autorice la ley.

Fuente: http://consultorjuridico.wke.es

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