Novedades primera quincena de mayo

CIVIL:

AUDIENCIA PROVINCIAL SANTA CRUZ DE TENERIFE, SENTENCIA 15 NOVIEMBRE 2016. Error en el consentimiento. Carácter esencial y excusable del mismo. Nulidad, por abusiva, de la cláusula según la cual la compradora había visitado la finca (cuando no lo hizo por residir en el extranjero, conociéndolo la vendedora) y aceptaba su estado actual, por ser estas declaraciones ficticias, resultando desproporcionada y generadora de desequilibrio en perjuicio del consumidor. Los compradores ejercitan acción de nulidad de la compraventa otorgada en escritura pública por ser la superficie de la vivienda adquirida muy inferior a la publicitada por la vendedora en su página web. Desestimada la acción en primera instancia, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife declara la nulidad del contrato de compraventa por concurrir en los compradores error esencial y excusable, invalidante del consentimiento prestado. Los compradores residen en el extranjero, circunstancia conocida por la vendedora, y contactaron con ella a través de su página web. En ella se ofrecía la vivienda objeto del contrato con una determinada superficie (96 metros cuadrados). Mediante correo electrónico remitido el día anterior al del envío de la oferta, un agente colaborador de la demandada confirmaba las características del inmueble, entre ellas la superficie publicitada, que también constaba en la oferta. En la escritura pública de compraventa, para cuyo otorgamiento los compradores confirieron poder a un agente inmobiliario por continuar residiendo en el extranjero, figuraba la superficie real de la finca (56 metros cuadrados), que era vendida como cuerpo cierto, e incluía una cláusula en la cual la parte compradora manifestaba haber visitado la finca, cuando ello no era cierto, conociendo y aceptando su estado actual. El error padecido por los compradores sobre la superficie de la finca es esencial y excusable. La vendedora publicitó la vivienda con una superficie concreta y dicha publicidad generó una creencia razonable en el posible comprador respecto a la superficie del inmueble ofertado. Dicho dato fue ratificado en el correo posterior, aunque luego no constara en la escritura. Y precisamente, con base en esta publicidad previa y en dicha confirmación, los compradores creyeron razonablemente que la superficie ofertada era la real. El error afecta a un elemento decisivo para la celebración del negocio, que se considera base del mismo al haber interesado los compradores su confirmación, y tuvo su origen en la publicidad defectuosa, siendo razonable que los adquirentes creyeran que adquirían una vivienda con una superficie muy superior a la que tenía en realidad. Además, la cláusula de la escritura en la que manifiestan haberla visitado es nula por abusiva. Durante todo el proceso de contratación residieron en el extranjero por lo que no visitaron la vivienda. No solo esta circunstancia era conocida por la vendedora, que impuso la referida cláusula, sino que la indicación de que los compradores habían visitado la finca y conocían y aceptaban su estado actual es una declaración sobre hechos ficticios. Su abusividad no se neutraliza con la posibilidad de que los compradores hubieran visitado la vivienda. Es precisamente la falta de ésta y su conocimiento por la vendedora (por sí misma o por las personas a través de las cuales actuaba) lo que confiere el carácter de ficticio al hecho declarado en el contrato. Se trata de una clausula desproporcionada que genera un desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor pues conduce a la tesis defendida por la vendedora de que se vende el bien como cuerpo cierto y que ello impide al adquirente formular protesta alguna sobre su superficie.

Fuente: http://diariolaley.laley.es

AUTO DE TS, SALA 1ª, DE LO CIVIL, 4 DE ABRIL DE 2017.CLÁUSULAS SUELO. RETROACTIVIDAD TOTAL. SENTENCIA FIRME. No es posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia incompatible. El ordenamiento jurídico español preserva la firmeza de las sentencias frente a modificaciones posteriores de la jurisprudencia. No se admite la demanda de revisión.

Fuente: https://supremo.vlex.es

SENTENCIA Nº 199/2017 DE TS, SALA 1ª, DE LO CIVIL, 24 DE MARZO DE 2017. DEBER DE INFORMACIÓN. NORMATIVA MiFID. Queda acreditado que la entidad financiera cumplió con los deberes de información y por lo tanto no puede fundarse el error de vicio en tal incumplimiento. El test de conveniencia determinó que el cliente tenía un perfil de riesgo equilibrado y podría contratar productos de riesgo medio y contaba con experiencia en este tipo de productos. Se desestima el recurso de casación.

Fuente: https://supremo.vlex.es

SENTENCIA Nº 138/2017 DE TS, SALA 1ª, DE LO CIVIL, 1 DE MARZO DE 2017. OPERACIONES FINANCIERAS. OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN. Antes de la incorporación de la normativa MiFID, la legislación ya recogía la obligación de las entidades financieras de informar a los clientes de los riesgos asociados a determinados productos, como las permutas financieras. No puede apreciarse que la entidad financiera cumpliera los deberes de información. Lo que vicia el consentimiento por error es la falta del conocimiento del producto y de sus riesgos asociados, pero no, por sí solo, el incumplimiento del deber de información. En este caso la falta de información sobre el riesgo económico en caso de que los intereses fueran inferiores al euríbor y sobre los riesgos patrimoniales asociados al coste de cancelación, es lo que propicia un error en la prestación del consentimiento. Se estima el recurso de casación.

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AUDIENCIA PROVINCIAL TOLEDO, SENTENCIA 30/2017, 6 FEB. RECURSO 72/2016. Desestimada en primera instancia la acción individual de responsabilidad ejercitada frente a los administradores demandados, la Audiencia Provincial de Toledo estima la misma y les condena al pago de la cantidad reclamada. Corresponde a los propios administradores la carga de acreditar que la deuda cuyo pago ahora se les reclama no se contrajo siendo ya insolvente la sociedad por ellos administrada. El requisito de la actuación negligente del administrador consiste en seguir aparentando solvencia y contratando con quienes confían en la misma pese a saber que no era posible el pago de la deuda que se contrae por la deficitaria situación económica de la entidad. La sociedad que administran los demandados no había presentado las cuentas del ejercicio en que se contrae la deuda. Por ello, a ellos les correspondía probar la solvencia de la sociedad en el momento de contratar o que dichas cuentas no se presentaron por un motivo distinto a su situación de pérdidas. No es suficiente a estos efectos alegar la falta de prueba de la contraparte y la solvencia de la sociedad deudora, sino que, para quedar exonerados de responsabilidad, debieron aportar prueba de que la situación de la sociedad en el momento de contratar era tal que resultaba previsible el pago ordinario de la deuda. Y esta inversión de la carga de la prueba deriva precisamente de la falta de presentación de las cuentas del ejercicio en el que se inició la contratación con las acreedoras demandantes. El incumplimiento de esta obligación por sí solo no basta para imputar responsabilidad a los administradores, pero en el ámbito de la prueba implica que sean ellos quienes han de acreditar la situación de equilibrio patrimonial de la entidad al contraer la deuda. Y ello precisamente porque la no inscripción registral de las cuentas impide a la acreedora conocer el estado económico de la sociedad deudora al tiempo de contratar para poder apreciar una actuación negligente del administrador que contrata pese a la situación económica deficitaria de la entidad. Han sido los propios administradores quienes han generado una opacidad al ocultar el resultado del ejercicio económico en que se contrajo la deuda pese a que tenían obligación legal de darle publicidad. Y dicha opacidad no puede redundar en su propio beneficio dando por hecho que no existía una situación de insolvencia. De ser así a ellos les correspondía probar el hecho positivo de la solvencia, prueba que tenían a su disposición. De la ausencia de prueba de dicha solvencia se deduce acreditada una insolvencia patente que no les interesaba mostrar. En consecuencia, la negligencia que se les imputa no es por la falta de presentación de las cuentas anuales, sino por contratar pese a conocer la insolvencia de la sociedad que administran y generar una deuda aun sabiendo que no va a poder abonarse.

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CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SENTENCIA Nº 639/2017 DE TS, SALA 3ª, DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, 6 DE ABRIL DE 2017. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Validez de la Orden 23/2013, de 20 de diciembre, de la Comunidad Valenciana, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2013, en base a los datos facilitados por la Gerencia Regional del Catastro. Los métodos de comprobación de valores por el sistema de estimación mediante la aplicación de coeficientes correctores al valor catastral son válidos. Se estima parcialmente el recurso de casación.

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PENAL

SENTENCIA Nº 138/2017 DE TS, SALA 2ª, DE LO PENAL, 6 DE MARZO DE 2017. AGRESIÓN SEXUAL. PRUEBA ESENCIAL. No se ha cometido ninguna ilicitud en la toma de muestras, ya que no se trató de una intervención corporal que necesitase de la previa autorización judicial, sino que la averiguación del perfil genético del recurrente se produjo a través de las muestras biológicas procedentes de los restos de semen hallados en el lugar de los hechos y en la ropa de la víctima, y se llevó a cabo la identificación del acusado a través del registro policial en el que constaba haber sido identificado su ADN con ocasión de la comisión de hechos delictivos distintos. Se desestima el recurso de casación.

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SOCIAL

SENTENCIA Nº 183/2017 DE TS, SALA 4ª, DE LO SOCIAL, 7 DE MARZO DE 2017. TGSS. PROCEDIMIENTO DE OFICIO. LEGITIMACIÓN ACTIVA. Se considera la TGSS,a todos los efectos, Autoridad Laboral y por lo tanto está legitimada para promover la demanda en el procedimiento de oficio que prevé el artículo 148 d) LRJS. La legitimación corresponde al órgano llamado a resolver el expediente administrativo sancionador. Nos encontramos en presencia de una acta de infracción que se ha levantado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la imposición de estas sanciones corresponderá a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, quien, por tanto, está legitimada para interponer la demanda. Se estima el recurso de casación.

Fuente: https://supremo.vlex.es

STSJ DE MADRID, SALA DE LO SOCIAL, DE 8 DE FEBRERO DE 2017, REC. NÚM. 1145/2016). TSJ. El despido sin causa de los trabajadores varones en situación de reducción de jornada por guarda legal también es nulo. Contrato de obra o servicio. Extinción de la relación laboral de trabajador, varón, que previamente había solicitado reducción de jornada por guarda legal. Aunque no se cuestiona que el contrato laboral fuese realizado en fraude de ley o que la relación del actor sea indefinida, dado que la empresa no ha probado que la obra o servicio determinado objeto del contrato haya finalizado en su totalidad ni partes de la misma para cuya ejecución hubiera sido expresamente contratado, el cese ha de calificarse como despido. Y ante la falta de causa alegada por la empresa, acreditado que el actor solicitó y obtuvo la concesión de reducción de jornada por guarda legal, sin probarse que su disfrute lo fuera en fraude de ley, el despido del trabajador es nulo. Reitera doctrina establecida para supuestos de trabajadoras, contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2012, rec. núm. 247/2011, y de 25 de enero de 2013, rec. núm. 1144/2012.

Fuente: http://www.laboral-social.com

STS, SALA DE LO SOCIAL, DE 1 DE FEBRERO DE 2017, REC. NÚM. 119/2016. Crédito de horas. Posibilidad de acumulación anual en una bolsa de horas incluyendo el mes de vacaciones. El crédito horario sindical es un permiso retribuido que, por su propia naturaleza, ha de ser disfrutado durante el trabajo con carácter general, sin que pueda ser disfrutado durante las vacaciones anuales. Ello impide que se pueda ceder a la bolsa de crédito horario, por cuanto dicho crédito no estuvo nunca en el patrimonio de los representantes unitarios o sindicales. Y aunque en la empresa se haya venido acumulando al crédito horario sindical el correspondiente al mes de vacaciones, ello no constituye una condición más beneficiosa, pues en el supuesto analizado no consta la voluntad empresarial inequívoca de conceder tal mejora, sino que su actuación derivaba de una interpretación errónea de la norma vigente. Por contra, cuando la empresa tuvo conocimiento de la STS de 23 de marzo de 2015, rec. núm. 49/2014, comunicó a los representantes de los trabajadores que su actuación se iba a atener a la interpretación que en la misma se efectuaba, indicándoles que la bolsa de acumulación de horas del crédito horario se iba a conformar por las horas correspondientes a once meses al año, puesto que se excluía el mes de vacaciones. En tales condiciones, no se puede sostener la existencia de la condición más beneficiosa pretendida, ya que no estamos en presencia de un derecho que se hubiera incorporado al nexo contractual. [Vid. SAN, de 3 de diciembre de 2015, núm. 204/2015, casada y anulada por esta sentencia].

Fuente: http://www.laboral-social.com

SENTENCIA Nº 294/2017 DE TS, SALA 4ª, DE LO SOCIAL, 5 DE ABRIL DE 2017. DESPIDO IMPROCEDENTE. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. La demanda debió inadmitirse ya que procedía plantear incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia cuya revisión se pretende. No ha quedado acreditado que la conducta del actor suponga maquinación fraudulenta, ni que constituya fraude procesal, ya que la conducta constitutiva del supuesto fraude -facilitar un domicilio erróneo de la demandada- no puede ser calificada de tal pues el domicilio es el que figura en su contrato de trabajo y en la información facilitada por el SPEE. Se desestima el recurso de revisión.

Fuente: http://www.supremo.vlex.es/

El bufete

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