Novedades segunda quincena de junio

CIVIL:

STS, SALA PRIMERA, SENTENCIA DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017. Negligencia profesional del procurador. Alcance y contenido de sus obligaciones El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de mayo de 2017, de la que ha sido ponente el Excmo Sr. D. José Antonio Seijas Quintana, ha desestimado los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal formulados por la mercantil demandante contra la sentencia de la Audiencia Provincial que desestimó su recurso de apelación y confirmó íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia que desestimaba la demanda interpuesta contra el procurador y la entidad aseguradora. La cuestión jurídica que se analiza en el recurso es el alcance y contenido de los deberes del procurador: si está obligado a poner en conocimiento del letrado director del procedimiento la proximidad del vencimiento del plazo de caducidad de dicha anotación para que no se produzca. La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda y absolvió a los demandados de las pretensiones frente a ellos deducidas, imponiendo las costas del pleito a la parte demandante. La mercantil demandante formuló recurso de apelación que fue desestimado. La Audiencia ratifica la sentencia del juzgado, y alcanza las siguientes conclusiones: (i) si bien no existe unanimidad en las decisiones de las Audiencias Provinciales acerca del alcance de las obligaciones del procurador, la posición mayoritaria es la que mantiene su falta de responsabilidad por estos hechos; (ii) la obligación del procurador de instar por sí la prórroga de la anotación del embargo trabado, es función que excede claramente de sus deberes, conforme al artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; (iii) esta decisión es de carácter técnico jurídico y corresponde al letrado, que debe conocer los plazos y los periodos temporales en que se despliegan; (iv) esta decisión entraña un coste económico que obliga a que sea adoptada por el abogado y su cliente. Al desestimar el recurso de casación, la sala declara que en supuestos semejantes ya se ha pronunciado en alguna ocasión que el obligado a instar la prórroga de la anotación preventiva de embargo es el abogado, y dicha prórroga no puede considerarse como mero acto de impulso procesal, al tratarse de una actuación encaminada a asegurar la eficacia de medida cautelar para garantizar el buen fin del procedimiento (sentencia 628/2011, de 27 de noviembre). La sala entiende que la sentencia recurrida no solo no se opone a la jurisprudencia de esta sala, sino que la conoce y asume. La obligación de los procuradores es representar a la parte en todo tipo de procesos, salvo que se disponga otra cosa o se autorice por ley. No entra dentro de las competencias del procurador el cumplimiento de obligaciones como la que se suscita en el presente caso de solicitud de prórroga para evitar la caducidad de la anotación preventiva de embargo, pues no se ajusta a lo que dispone el artículo 26 de la LEC. La sala concluye que la inactividad del procurador contra el que se dirige la demanda no genera incumplimiento contractual como integrante de una infracción del deber de diligencia profesional. Esta actuación de contenido jurídico-económico, que es ajena a la capacidad de decisión del procurador, es una iniciativa propia del abogado en la defensa y dirección del proceso, como argumenta la sentencia recurrida, «la existencia de un plazo procesal y el momento en que este comienza conforme a la notificación recibida o el acto por el realizado, pero no le corresponde un deber legal de velar porque ese plazo sea respetado adecuadamente por el Abogado y, por ello, no tiene una función específica de avisar de la proximidad de su vencimiento. Es el Abogado quien ha de conocer los plazos perentorios, como el que nos ocupa, y en función de ellos debe adoptar las decisiones técnicas correspondientes en consonancia con las instrucciones del cliente, sin que sea el Procurador quien vele por el correcto cumplimiento de lo que es deber del Abogado. Entenderlo de otro modo supone atribuir una función al Procurador que le convertiría en auténtico controlador de los tiempos procesales que, evidentemente, trasciende a la misión que le atribuye la ley»

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, DE 25 DE MAYO DE 2017, RECURSO 2306/2014. Cláusulas suelo. Nulidad. Efectos. Inexistencia de cosa juzgada material. Desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación formulados por el Banco, contra la sentencia de apelación que confirmó el fallo estimatorio de la demanda interpuesta en la que los demandantes solicitaban declaración de la nulidad de las cláusulas suelo (las cláusulas controvertidas eran condiciones generales de contratación que no pasaban el control de transparencia y además faltaba reciprocidad, pues la limitación al alza era «totalmente desproporcionada ) insertas en dos contratos de préstamo hipotecario, y condena a la restitución de todas las cantidades cobradas de más en aplicación de las mismas, más el interés legal desde la fecha de cada cobro hasta su completa satisfacción así como a recalcular y rehacer los cuadros de amortización de los préstamos hipotecarios. Cuando la condición general es una cláusula suelo, por su contenido y por el contrato de préstamo hipotecario a largo plazo de interés variable, en el que está incorporada, la falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe pues le impide representarse las consecuencias de la cláusula suelo en el préstamo a interés variable contratado y le priva de la posibilidad de comparar lo realmente contratado con otras ofertas existentes en el mercado. Se desestima la alegación del Banco de cosa juzgada, ya que entre las acciones colectivas y acciones individuales no existe identidad objetiva, puesto que tienen objetos y efectos jurídicos diferentes, y por ello no cabe apreciar el efecto de cosa juzgada material. La cosa juzgada de la sentencia estimatoria de la acción colectiva afectará únicamente a los consumidores no personados que estén determinados individualmente en la propia sentencia. Por último, desestima también el motivo de casación referente al alcance retroactivo de la nulidad de la cláusula suelo porque la restitución conforme al artículo 1.303 CC incluye el pago de los intereses devengados por las respectivas prestaciones restituibles y fundamentalmente, por tratarse de una cuestión nueva no planteada con anterioridad por la parte recurrente, pudiendo haberlo sido.

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AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, DE 22 DE FEBRERO DE 2017, RECURSO 10/2017. Conflicto de competencia territorial en un juicio cambiario. Al no quedar acreditado el domicilio real al tiempo de interponer la demanda opera el principio de la "perpetuatio iurisdictionis". Juicio cambiario. Competencia territorial judicial. Perpetuatio iurisdicctionis. El art. 820 LEC establece para el juicio cambiario una regla de competencia territorial de carácter imperativo, en la que se determina que será competente para su conocimiento el Juez de Primera Instancia del domicilio del demandado, fuero imperativo que debe ser apreciado de oficio, y que excluye, por consiguiente, la sumisión expresa y tácita. La declaración de oficio de falta de competencia territorial ha de hacerse en el momento de la admisión a trámite de la demanda (art. 58 LEC , aunque esta Sala haya precisado que el momento preclusivo de esta declaración en los juicios ordinario y verbal sea concretamente el acto de la audiencia previa o de la vista respectivamente), y que si durante la tramitación del procedimiento se produce un cambio de domicilio del deudor, en cualquier tipo de procedimiento, resulta aplicable el principio de perpetuatio iurisdictionis, conforme al cual las alteraciones que una vez iniciado el proceso se produzcan en cuanto al domicilio de las partes (...) no modificarán la jurisdicción y la competencia que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia. En relación con las dudas respecto del domicilio del deudor surgidas a raíz del resultado negativo del requerimiento y sus consecuencias sobre la competencia, se establece que para que resulte competente un Juzgado diferente a aquel que conoció de la petición inicial es necesario acreditar que el domicilio actual conocido por hechos sobrevenidos ya era el real en el momento en que se presentó la petición, no siéndolo por esta razón el que fue facilitado por la parte actora. Por el contrario, si no se acredita tal circunstancia, o si resulta probado que la alteración se produjo a posteriori, el Juzgado que conoció inicialmente, perpetua su jurisdicción por aplicación del artículo 411, aunque el requerimiento de pago deba practicarse en el nuevo domicilio acudiendo al auxilio judicial.

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, DE 3 DE MAYO DE 2017, RECURSO 2576/2014. Impugnación de acuerdo de modificación de los estatutos sociales de una sociedad anónima por no adoptarse con el voto favorable de la mayoría exigida. Sociedad anónima. Impugnación de acuerdo de modificación de los estatutos sociales. Mayoría necesaria. Interpretación del art. 201.1 TRLSC, con anterioridad a la reforma de la Ley 31/2014. La sentencia trae causa de una demanda de impugnación del acuerdo social que modificaba los estatutos de una sociedad anónima y establecía un número mínimo de acciones para asistir a las juntas sociales. Dada la fecha de adopción del acuerdo, el régimen legal aplicable es el de la redacción originaria del art. 201 TRLSC, esto es, la anterior a la reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. Pese a que el acuerdo impugnado es uno de aquellos a los que se refiere el art. 194 TRLSC (modificación de los estatutos sociales), al haberse constituido la junta en primera convocatoria por concurrir accionistas que representaban más de la mitad del capital social con derecho a voto, es de aplicación el apartado primero del art. 201 TRLSC, que exige para la aprobación del acuerdo la «mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados». Aquí es donde surge la discrepancia de la recurrente respecto de la solución adoptada por los tribunales de instancia, porque mientras estos han considerado que esa «mayoría ordinaria» de votos es la mayoría absoluta, esto es, el voto favorable de socios que representen más de la mitad del capital presente o representado en la junta, la recurrente considera que la «mayoría ordinaria» es la mayoría simple, esto es, que haya más votos a favor de adoptar el acuerdo que en contra, por lo que para calcular esa mayoría no se tomaría en consideración los votos nulos ni las abstenciones. La doctrina mayoritaria consideró que la mayoría que exigía el art. 93 TRLSA y la «mayoría ordinaria» que exigía la redacción originaria del art. 201.1 TRLSC para aprobar los acuerdos que no estuvieran en alguno de los supuestos en que se exigía una mayoría cualificada, era la mayoría absoluta. En cuanto a la normativa comunitaria que menciona la recurrente para apoyar su tesis, la Sala considera que la legislación comunitaria no impone una interpretación del art. 201.1 TRLSC en el sentido de que la «mayoría ordinaria» exigida para la aprobación de los acuerdos por la junta de accionistas sea una mayoría simple, que no tenga en cuenta los votos en blanco ni las abstenciones. Y menos aún cuando se trata de aprobar acuerdos de modificación de los estatutos sociales. En consecuencia, el criterio seguido por las sentencias de instancia, al anular el acuerdo por no haber sido adoptado con el voto a favor de la mayoría exigida por el art. 201.1 TRLSC, es correcto.

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SENTENCIA Nº 297/2017 DE TS, SALA 1ª, DE LO CIVIL, 16 DE MAYO DE 2017. CONTRATO ARRENDAMIENTO. DESISTIMIENTO UNILATERAL. Al no haberse pactado el desistimiento unilateral del arrendatario, ni aceptado el mismo por el arrendador procede la acción de cumplimiento del contrato con condena al pago de las rentas pendientes.

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SENTENCIA Nº 294/2017 DE TS, SALA 1ª, DE LO CIVIL, 12 DE MAYO DE 2017. GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. VIVIENDA FAMILIAR. No existe una regulación específica sobre el uso de la vivienda familiar en el régimen de custodia compartida. Al no encontrarse los hijos en compañía de uno solo de los progenitores sino de los dos, debe aplicarse analógicamente el art. 96 CC. Deberán ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso, y deberá ser tenido en cuenta el factor del interés más necesitado de protección. La reciente sentencia de 23 de enero de 2017 recoge la doctrina de la sala sobre la materia con remisión a la sentencia 215/2016, de 6 de abril, que, a su vez, recoge la contenida en sentencias anteriores. En todas ellas se hace ver que no existe una regulación específica sobre el uso de la vivienda familiar ( STS de 24 de octubre de 2014) para adaptarla a este régimen de custodia, en contra de lo que sí ha llevado a cabo otras legislaciones autonómicas (Cataluña, Aragón, Valencia y recientemente País Vasco). Se afirma que «La Sala, ante tal vacío en materia de atribución de la vivienda familiar, al no encontrarse los hijos en compañía de uno solo de los progenitores sino de los dos, ha entendido que debe aplicarse analógicamente el párrafo segundo del art. 96 CC, que regula el supuesto en que existiendo varios hijos unos quedan bajo la custodia de un progenitor y otros bajo la custodia de otro remitiendo al juez a resolver lo procedente. Ello obliga a una labor de ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso, y debiendo ser tenido en cuenta el factor del interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres ( STS de 24 de octubre de 2014). Ahora bien, existe un interés sin duda más prevalente ( STS de 15 de marzo de 2013) que es el de los menores a una vivienda adecuada a sus necesidades, que conforme a la regla dispuesta en el art. 96 CC, se identifica con la que fue vivienda familiar hasta la ruptura del matrimonio. Teniendo en cuenta tales factores o elementos a ponderar esta sala, al acordar la custodia compartida, está estableciendo que la menor ya no residirá habitualmente en el domicilio de la madre, sino que con periodicidad semanal habitará en el domicilio de cada uno de los progenitores no existiendo ya una residencia familiar, sino dos, por lo que ya no se podrá hacer adscripción de la vivienda familiar, indefinida, a la menor y al padre o madre que con el conviva, pues ya la residencia no es única, por lo que de acuerdo con el art. 96.2 C. Civil, aplicado analógicamente, a la vista de la paridad económica de los progenitores, se determina que la madre podrá mantenerse en la vivienda que fue familiar durante un año, con el fin de facilitar a ella y a la menor(interés más en necesitado de protección, la transición a una nueva residencia ( STS 9 de septiembre de 2015; Rc. 545 de 2014), transcurrido el cual la vivienda quedará supeditada al proceso de liquidación de la sociedad de gananciales ( STS de 17 de noviembre de 2015 y 11 de febrero de 2016 entre otras).» Si se atiende a la citada doctrina, desconocida por la sentencia recurrida, la decisión correcta será limitar el uso de la vivienda familiar por la madre y sus hijas. Pero, atendiendo a las circunstancias de empleo de la madre y edad de las menores, el límite, como interesa el Ministerio Fiscal, ha de ser de tres años a computar desde el dictado de la presente sentencia.

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CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SENTENCIA Nº 95/2017 DE 30 DE MAYO DE 2017 DE JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE CARTAGENA. PLUSVALÍA. INCREMENTO DE VALOR. No es el contribuyente el que tiene que probar que no hubo el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana entre la adquisición y la transmisión sino que es la Administración que recauda la que debe probar su concurrencia. Se estima el recurso contencioso administrativo.

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PENAL

SALA DE LO PENAL 8 STS 425/2017, DE 13 DE JUNIO DE 2016. Confirmada la condena a dos años de prisión y multa de 1440 euros por un delito continuado de estafa a un hombre que cobró de forma indebida durante quince años la pensión de incapacidad absoluta concedida a su padre, tras ocultar el fallecimiento de este a la Seguridad Social. La sentencia recoge que hubo engaño bastante y relevante por parte del condenado, que fue el determinante del desplazamiento patrimonial, con independencia de que los controles por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social hubieran fallado, especialmente por el comportamiento negligente de la entidad bancaria que efectuó los pagos. Desde febrero de 1998 –fecha de la defunción del progenitor- hasta enero de 2013, la Seguridad Social ingresó 288.298 euros en la cuenta corriente que el padre, que era marino mercante, tenía en una sucursal del BBVA de Santander. La pensión de invalidez permanente llegó a ascender a 1588 euros al mes. El condenado, que figuraba como único autorizado, dispuso ilícitamente mediante reintegros en efectivo, transferencias y traspasos de fondos, además de la domiciliación de algunos recibos, de 84.157 euros. Esa cantidad tendrá que devolver a la Tesorería General de la Seguridad Social. Del total del dinero ingresado, la Seguridad Social consiguió el reintegro por parte del banco de 86.392 euros correspondientes a las pensiones de los últimos cuatro años, pero no pudo recuperar lo anterior al no permitirlo la normativa. Por otra parte, el juzgado de instrucción número 4 de Santander embargó 117.748 euros que había en la citada cuenta corriente, cantidad que será devuelta a la Seguridad Social. La sentencia considera probado que el condenado cometió un delito continuado de estafa, en su modalidad agravada, ya que, aunque él lo niega, existió engaño al no comunicar el fallecimiento de su padre a la Seguridad Social y a la entidad bancaria a través de la que éste cobraba la pensión; lo que determinó error en la entidad pagadora, que continuó abonándola en la cuenta en la que figuraba como único autorizado, y dispuso de parte esos fondos en beneficio propio hasta enero de 2013. El delito de estafa, concluye la Sala, no sólo lo comete quien engaña a un tercero al comunicarle algo falso como si fuera auténtico, sino también, como en este caso, quien le oculta datos relevantes que estaba obligado a comunicarle. Para el Tribunal Supremo, el engaño consiste en la falta de comunicación del fallecimiento, siendo esta omisión la que determina el acto de disposición materializada a través de los pagos de la correspondiente pensión, tras el fallecimiento. La Sala Segunda rechaza aplicar la atenuante de confesión que reclama el condenado basándose en que fue él quien comunicó al INSS el fallecimiento de su padre en febrero de 2013. Esa supuesta comunicación “espontánea” 15 años después, prosigue la sentencia, no fue tal y se produjo ante la imposibilidad de mantener el engaño tras recibir una llamada de un empleado de la sucursal bancaria, que intensificó los controles tras la entrada en vigor en el Código Penal, en enero de ese mismo año, de un nuevo delito de fraude de prestaciones a la Seguridad Social.

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SENTENCIA Nº 359/2017 DE TS, SALA 2ª, DE LO PENAL, 19 DE MAYO DE 2017. AGRESIÓN SEXUAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La testifical de la víctima puede ser prueba suficiente para condenar, incluso aunque fuese la única prueba disponible, si va revestida de una motivación fáctica reforzada. Excluida la prueba de ADN, se constata no solo la existencia y suficiencia de prueba de cargo que sustenta el relato de hechos que se declara probado y permite concluir que es el resultado de una valoración de plena conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia, sin que los óbices que presenta el recurrente, resulten indicativos de arbitrariedad o irracionalidad alguna.

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STS, SALA SEGUNDA, SENTENCIA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017: El Tribunal Supremo establece que conducir sin haber obtenido nunca el carné es delito. El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido en su sentencia de 26 de abril de 2017, que conducir vehículos a motor sin haber obtenido nunca el carné es un delito, y no una infracción administrativa, y no requiere que el conductor haya puesto en un peligro concreto la seguridad vial ni cometido una maniobra antirreglamentaria. La Sala ha estimado el recurso de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 29 de febrero de 2016, que revocó a su vez la condena por delito contra la seguridad vial impuesta por un Juzgado de lo Penal de Toledo a un hombre por conducir un coche por una carretera de la provincia “siendo plenamente consciente de la imposibilidad que le afecta para la conducción de vehículos a motor, por no haber obtenido en ningún momento permiso de conducir o licencia que le habilite oficialmente para conducción de vehículos a motor”. La Audiencia absolvió al conductor al destacar que no había puesto en riesgo la seguridad vial, ni cometido ninguna maniobra antirreglamentaria. Añadía que el legislador no ha dibujado claramente la línea de separación entre el delito y la infracción administrativa en estos casos. Ante las discrepancias entre varias audiencias provinciales sobre la cuestión, el Pleno de la Sala II ha decidido estudiar el recurso de la Fiscalía, cuyo objeto era determinar si el delito de conducción de un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción (artículo 384 del Código Penal) es un delito de peligro abstracto o concreto, y si fuera lo primero, si se consuma con la mera realización de la conducción referida, o si se trataba de lo segundo, si exige que se haya producido un peligro real para la seguridad vial. El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, establece que se trata de un delito de peligro abstracto: “De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor”. “El riesgo abstracto para el bien jurídico protegido resulta, por consiguiente, de la conducción sin poseer la habilitación teórica y práctica y sin haberse comprobado las capacidades física y psíquica en el conductor, lo cual incrementa, como es natural, el riesgo para los demás usuarios de la vía, por sí peligrosa y causante de una alta siniestralidad, cuya reducción pretende la norma”, añaden los magistrados. “No estamos ante una conducta punible cimentada sobre un injusto meramente formal derivado de una infracción administrativa, sino ante la protección de la seguridad del tráfico vial mediante conductas, como la que es objeto de nuestra atención casacional, que suponen la creación de un riesgo indudable, aunque de características abstractas y no concretas, para la seguridad vial”, señala la sentencia. Por ello, bajo la consideración de que se trata de un delito abstracto, la conducta se consuma cuando se conduce careciendo de la oportuna habilitación administrativa (permiso o licencia), sin que tenga incidencia, para el Supremo, el no haberse cometido infracción vial alguna, ni haberse realizado maniobra antirreglamentaria, como parece exigir la Audiencia Provincial de Toledo. El alto tribunal indica que la Audiencia de Toledo, en su sentencia, ha construido unos requisitos que en modo alguno el legislador exige para colmar la conducta típica del delito, que precisa que el autor jamás haya obtenido permiso de conducir. Por eso ha de excluirse del radio de acción del nuevo tipo penal a quien posee permiso en el extranjero, tanto a aquellos correspondientes a países comunitarios como extracomunitarios, o un permiso internacional. El Supremo discrepa también de la Audiencia en que la conducta que sustenta el delito del artículo 384.2 del Código Penal, aplicado en este caso, sea exactamente la misma que la que se define en la Ley de Seguridad Vial como infracción administrativa muy grave. “El tipo penal ---señala la sentencia-- sanciona la conducción de un vehículo a motor careciendo de todo permiso o licencia por no haberlo tenido nunca o por haber perdido vigencia por la pérdida total de los puntos asignados legalmente, mientras que el tipo administrativo se refiere a carecer de la autorización administrativa correspondiente, es decir, puede tenerse pero no es adecuada a las características del vehículo con el que se circula, conforme a las diferentes modalidades que se determinan legalmente y las circunstancias propias del caso. Como dice el Fiscal, todo ilícito penal en esta materia parte como mínimo de una infracción administrativa, pero no a la inversa”. La Sala II anula por tanto la sentencia absolutoria de la Audiencia de Toledo y condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros. El artículo 384 del Código Penal, por el que es condenado, prevé penas de tres a seis meses de prisión o multa de doce a venticuatro meses, o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. El Supremo ha optado por la multa de 12 meses con una cuota diaria de 6 euros.

Fuente: http://www.civil-mercantil.com

SOCIAL

STS, SALA DE LO SOCIAL, DE 4 DE MAYO DE 2017, REC. NÚM. 3850/2015. Pensión de viudedad. Parejas de hecho. Requisitos de inscripción cuando se trata de comunidades autónomas que tienen derecho civil propio. No es posible deducir finalidad objetiva, razonable y proporcionada que justifique el establecimiento de un trato diferenciado entre los solicitantes de la correspondiente pensión de viudedad en función de su residencia o no en una comunidad autónoma con derecho civil propio que hubiera aprobado legislación específica en materia de parejas de hecho, por lo que resulta indiferente a efectos de acreditar ese hecho que la inscripción se efectúe en registro municipal o autonómico.

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SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO DE 3 DE MAYO DE 2017. El Tribunal Supremo se ha pronunciado, en sentencia 386/2017, de 3 de mayo, sobre el cálculo de la indemnización por despido improcedente, suscitándose en el litigio la cuestión de si ciertas cantidades que eran abonadas al trabajador, forman parte o no de su salario a los efectos de calcular la correspondiente indemnización por despido, que fue considerado improcedente. Antecedentes: demanda por despido y declaración de improcedencia. El trabajador venía prestando servicios para la empresa con la categoría de gerente de negocios regional. Entre las cláusulas de su contrato se encontraba, además del pago de incentivos o Stock Options, el pago por la empleadora de las primas correspondientes a un seguro de vida, el seguro de asistencia sanitaria y un plan de jubilación. El trabajador fue despedido, y tras la correspondiente demanda, fue declarado improcedente por el Juzgado de lo Social. Recurrida la sentencia en suplicación, fue estimado parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la empresa, rebajándose la cuantía del salario anual del trabajado y por tanto modificándose la cuantía indemnizatoria. La Sala había admitido la naturaleza salarial de los seguros de médico y vida, así como del plan de jubilación y de los «beneficios obtenidos por la venta de las RSUs y Stock Options», cuyo importe computa para el cálculo de la indemnización. La empresa decide recurrir en casación al no estar de acuerdo con el fallo del TSJ. Naturaleza salarial de los seguros de médico, vida y plan de jubilación: salario en especie. El Tribunal Supremo insiste en que dichos conceptos No son extrasalariales. Para ello hace mención a la STS de 2 de octubre de 2013 en la que se llega a la conclusión de que se está en presencia de un salario en especie, por tres consideraciones: • el abono del seguro deriva de una relación laboral y es una contrapartida a las obligaciones del trabajador. • Aunque se aceptase su naturaleza de mejora de la Seguridad Social, se hace difícil considerar que sea uno de los supuestos de exclusión del artículo 26.2 ET , porque lo que podría quedar excluido seria la obtención de las ulteriores prestaciones o indemnizaciones derivadas de ese seguro. • Porque fiscalmente está considerado como retribución en especie. Reitera por tanto dicha doctrina y añade que el artículo 26.1 ET contiene una regla general, esto es, que se considera salario, la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación de los servicios laborales por cuenta ajena, cualquiera que sea la forma de remuneración. Presunción iuris tantum. Esta aseveración, según la Sala contiene una presunción iuris tantum de que todo lo que percibe el trabajador del empresario lo es en concepto de salario, algo que puede quedar desvirtuado por prueba en contrario, bien de que la cantidad obedece a alguna de las razones del artículo 26.2 ET, o bien que su abono está paccionado con carácter indemnizatorio. En consecuencia el salario, a su entender, tiene "carácter totalizador", pues tiene cualidad salarial todo lo que el trabajador recibe por la prestación de sus servicios con independencia de su denominación formal, su composición o de su procedimiento, o cualidad del tiempo al que se refiera. ¿Un argumento de índole fiscal es extrapolable al orden laboral? La empresa alegó que el argumento de que las cantidades litigiosas fueran consideradas fiscalmente como retribución en especie no era de recibo, puesto que no podían extrapolarse los argumentos fiscales al orden laboral. La Sala de lo Social rechaza dicho argumento. Aunque de forma incondicionada no pueden trasvasarse normas de una parcela de derecho para aplicarse a otras distintas, también hay que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico forma un todo unitario y pleno, sin lagunas insalvables, pues siempre podrá acudirse al procedimiento analógico cuando se den las condiciones previstas legalmente. En este caso, además, no es que se aplique una norma fiscal para atribuir carácter de salario a unos conceptos, sino que utiliza la legislación tributaria (artículo 42.6 LIRPF) para corroborar una conclusión a la que llega desde un punto de vista exclusivamente laboral.

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SENTENCIA Nº 332/2017 DE TS, SALA 4ª, DE LO SOCIAL, 20 DE ABRIL DE 2017. FOGASA. SILENCIO ADMINISTRATIVO. La norma legal que aplica el juego del silencio no está en conexión directa con la legitimidad de la solicitud del interesado, sino que aparece como la consecuencia directa del incumplimiento de la obligación legal de la Administración Pública de resolver expresamente dentro del plazo máximo fijado a tal fin

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TJUE

SENTENCIA Nº C-422/16 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA, SALA SÉPTIMA, 14 DE JUNIO DE 2017. COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS VEGETALES. DENOMINACIÓN. La denominación «leche» y las denominaciones reservadas exclusivamente para los productos lácteos no pueden utilizarse legalmente para designar un producto puramente vegetal, salvo que este producto aparezca en la lista incluida en el anexo I de la Decisión 2010/791, sin que tenga influencia alguna en esta prohibición la utilización de menciones descriptivas que indiquen el origen vegetal del producto. TJUE 14/06/2017

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SENTENCIA TJUE DE 27 DE JUNIO DE 2017. El TJUE considera que la exención en el ICIO de las obras realizadas en un colegio religioso pueden constituir una ayuda de Estado. El TJUE resuelve que la exención en el ICIO de las obras en un colegio religioso donde no sólo se imparte enseñanza subvencionada por el Estado puede ser una ayuda de Estado contraria al TFUE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de 27 de junio de 2017 considera que la exención fiscal en el ICIO de la cual se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el art. 107.1 TFUE, si tales actividades son de carácter económico y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, se consideran ayudas estatales las intervenciones que, bajo cualquier forma, puedan favorecer directa o indirectamente a las empresas o que deban calificarse de ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado [Vid. STJUE de 9 de octubre de 2014, asunto n.º C-522/13].

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CONCLUSIONES Nº C‑214/16 TJUE, 8/07/2017. DISFRUTE VACACIONES. TRABAJADOR. Es incompatible con el Derecho de la Unión exigir a un trabajador que disfrute de vacaciones antes de que pueda determinar si tiene derecho a que sean retribuidas Cuando el empresario no haya concedido al trabajador vacaciones retribuidas, el derecho a las mismas se aplazará hasta que el trabajador tenga ocasión de ejercerlo, y al concluir la relación laboral el trabajador tendrá derecho a una compensación financiera sustitutoria por las vacaciones que sigan pendientes.

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TC. SENTENCIA DE 8 DE JUNIO DE 2017. AMNISTÍA FISCAL. El Tribunal Constitucional, por unanimidad, declara inconstitucional la llamada "amnistía fiscal" aprobada por el Gobierno en 2012.

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El bufete

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